Implicaciones procesales y probatorias de la Ley 1826 de 2017 en la justicia penal colombiana (2019)
En Colombia, la Constitución expone la prueba como un derecho fundamental, dentro de lo que comprende el Derecho al Debido Proceso, generando así una base para las normatividades futuras que actúan dentro del marco del bloque de constitucionalidad; reflexionando así sobre la importancia del principio de igualdad de las armas, que reconoce la posibilidad a ambas partes de participar en el ejercicio probatorio, normalmente la victima tiene una pequeña intervención en estas diligencias debido a la responsabilidad de la Fiscalía de la protección y gestión de reparación de los derechos y como de la carga probatoria, viendo que esta labor es casi nula en algunas ocasiones, desvirtuando la labor investigativa privada que se pudiera haber adelantado por parte de la víctima.