Implicaciones procesales y probatorias de la Ley 1826 de 2017 en la justicia penal colombiana

En Colombia, la Constitución expone la prueba como un derecho fundamental, dentro de lo que comprende el Derecho al Debido Proceso, generando así una base para las normatividades futuras que actúan dentro del marco del bloque de constitucionalidad; reflexionando así sobre la importancia del principi...

Full description

Autores:
Romero Rodríguez, Alejandra
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/7473
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/7473
Palabra clave:
Acusador Privado
Proceso Penal Especial Abreviado
Proceso Penal Ordinario
Prueba
TG 2019 DER 7473
Ordinary Criminal Proceedings
Private Accuser
Proof
Special Abbreviated Criminal Procedure
Rights
openAccess
License
Atribución
Description
Summary:En Colombia, la Constitución expone la prueba como un derecho fundamental, dentro de lo que comprende el Derecho al Debido Proceso, generando así una base para las normatividades futuras que actúan dentro del marco del bloque de constitucionalidad; reflexionando así sobre la importancia del principio de igualdad de las armas, que reconoce la posibilidad a ambas partes de participar en el ejercicio probatorio, normalmente la victima tiene una pequeña intervención en estas diligencias debido a la responsabilidad de la Fiscalía de la protección y gestión de reparación de los derechos y como de la carga probatoria, viendo que esta labor es casi nula en algunas ocasiones, desvirtuando la labor investigativa privada que se pudiera haber adelantado por parte de la víctima.