Análisis del proceso monitorio en Colombia en el código general del proceso: una perspectiva desde los pronunciamientos de la Corte Constitucional

El presente proyecto investigativo tuvo como objetivo analizar el proceso monitorio en el Código General del Proceso desde las implicaciones de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, para su desarrollo se aplicó un metodología cualitativa, descriptiva con enfoque jurídico en donde se anali...

Full description

Autores:
Maya Castaño, Fabian Alberto
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/47328
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/47328
Palabra clave:
Proceso monitorio
Notificación personal
Uso de las tecnologías
Código general del proceso
TG 2022 DER 47328
Order for payment process
Personal notification
Use of technologies
General code of the process
Rights
openAccess
License
Atribución – No comercial – Sin Derivar
Description
Summary:El presente proyecto investigativo tuvo como objetivo analizar el proceso monitorio en el Código General del Proceso desde las implicaciones de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, para su desarrollo se aplicó un metodología cualitativa, descriptiva con enfoque jurídico en donde se analizaron textos investigativos relacionados al tema los cuales se obtuvieron de fuentes bibliográficas provenientes de libros, artículos de revistas y tesis de grado. Los resultados arrojaron que el proceso monitorio es una herramienta que se instauró mediante el Código General del Proceso en la Ley 1564 del 2012 cuyo fin consistió en otorgar una garantía a la defensa legal efectiva de todo ciudadano, permitir el acceso a la justicia y a las garantías procesales, siendo un trámite en donde la obligación adeudada debe ser de carácter monetario, en el cual se fija un valor de mínima cuantía y el cual se notifica de manera personal al demandado. No obstante, con la crisis del Covid-19 se ajustaron estos lineamientos y la Corte Constitucional llevo a cabo nuevos pronunciamientos como el decreto 806 de 2020 con el cual se adopta el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en las actuaciones judiciales, la Ley 2213 del 2022 que adopta como legislación permanente las normas establecidas en el Decreto 806. Se concluyó que muchos sectores no estuvieron de acuerdo con esta modificación consideraron que le quitaba eficacia al proceso, por otro lado otros consideraban que afectaba tanto al demandante como al demandado.