Políticas gubernamentales para determinar la insolvencia económica de las empresas y/o entidades privadas y públicas (2006)
Las condiciones económicas por las que atraviesa el país ha llevado a que muchos empresarios inicien procesos de liquidación de sus empresas, unas veces de carácter legal, y otras, de manera bastante irregular, muchas veces como se conoce comúnmente, quebrándose para adentro, de tal manera que quedan algunas dudas sobre si todo los empresarios obran a partir de un criterio donde predomina la ética como principio de acción, o si por el contrario, hay intereses creados en lo que tiene que ver con el desconocimiento de los derechos, en este caso, de los trabajadores que son sin duda alguna las personas más perjudicadas al momento de producirse la liquidación de una empresa. Pero además, es un hecho y así se ha reconocido en el proceso de trabajo realizado que el aparato de Estado, es decir, los sectores están representados en el bloque de poder, no están muy interesados en que los trabajadores puedan alcanzar por lo menos a recuperar aquellos recursos que se les adeudan y que representan en muchos casos, los pocos recursos de los que disponen para poder subsistir, durante el período de tiempo en el cual se tienen que dedicar a lograr una vinculación a un nuevo empleo.