La excepción de inconstitucionalidad en el proceso penal: ¿creación judicial del derecho?
La función de control de constitucionalidad difuso que ejercen los jueces conforme lo dispuesto en los artículos 4°, 230 y 254 de la Constitución Política, los dota de un margen de discrecionalidad a la hora de tomar decisiones en el marco de los procesos judiciales. Por lo que los jueces pueden ina...
- Autores:
-
Vélez Hernández, Paula Andrea
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/43190
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/43190
- Palabra clave:
- Derechos fundamentales
Creación judicial de derecho
Juez penal
Excepción de Inconstitucionalidad
Garantías procesales
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La función de control de constitucionalidad difuso que ejercen los jueces conforme lo dispuesto en los artículos 4°, 230 y 254 de la Constitución Política, los dota de un margen de discrecionalidad a la hora de tomar decisiones en el marco de los procesos judiciales. Por lo que los jueces pueden inaplicar aquellas normas contrarias a los derechos y principios constitucionales, cuando esto ocurre, normalmente, se introduce en el ordenamiento jurídico nuevos criterios, nuevas reglas que permiten dotar de contenido a las normas constitucionales y a las normas legales. Diferente del Control de Constitucionalidad Concentrado que busca garantizar la constitucionalidad objetiva del ordenamiento jurídico mediante diversos mecanismos, por un órgano judicial, de carácter constitucional, como lo es la Corte Constitucional. Hay unas limitaciones en la inaplicación de las normas que vulneran los derechos de dignidad y libertad, como los contenidos en el Art. 68 A del Código Penal, pero la implementación del sistema penal acusatorio en la Ley 906 de 2004, desarrolla el marco legal de las garantías y principios constitucionales. La Constitución por su parte, dota al Juez Penal de la facultad de crear derecho. Lo que se pretende demostrar es que, en la implementación del Sistema Penal Acusatorio, el juez ya no solo es aplicador del derecho, sino creador de derecho. |
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Por lo que los jueces pueden inaplicar aquellas normas contrarias a los derechos y principios constitucionales, cuando esto ocurre, normalmente, se introduce en el ordenamiento jurídico nuevos criterios, nuevas reglas que permiten dotar de contenido a las normas constitucionales y a las normas legales. Diferente del Control de Constitucionalidad Concentrado que busca garantizar la constitucionalidad objetiva del ordenamiento jurídico mediante diversos mecanismos, por un órgano judicial, de carácter constitucional, como lo es la Corte Constitucional. Hay unas limitaciones en la inaplicación de las normas que vulneran los derechos de dignidad y libertad, como los contenidos en el Art. 68 A del Código Penal, pero la implementación del sistema penal acusatorio en la Ley 906 de 2004, desarrolla el marco legal de las garantías y principios constitucionales. La Constitución por su parte, dota al Juez Penal de la facultad de crear derecho. Lo que se pretende demostrar es que, en la implementación del Sistema Penal Acusatorio, el juez ya no solo es aplicador del derecho, sino creador de derecho.The diffuse constitutionality control function exercised by judges in accordance with the provisions of articles 4, 230 and 254 of the Political Constitution, provides them with a margin of discretion when making decisions in the framework of judicial processes. As a result, judges may not apply those norms that are contrary to constitutional rights and principles, when this happens, normally, new criteria are introduced into the legal system, new rules that allow to give content to constitutional norms and legal norms. Different from the Control of Concentrated Constitutionality that seeks to guarantee the objective constitutionality of the legal system through various mechanisms, by a judicial body, of a constitutional nature, such as the Constitutional Court. There are limitations in the nonapplication of the norms that violate the rights of dignity and freedom, such as those contained in Art. 68 A of the Penal Code, but the implementation of the accusatory penal system in Law 906 of 2004, develops the legal framework of constitutional guarantees and principles. The Constitution, for its part, endows the Criminal Judge with the power to create law. What is intended to demonstrate is that, in the implementation of the Accusatory Penal System, the judge is no longer only an enforcer of the law, but also a creator.paula.velezh@campusucc.edu.co25Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Derecho, Medellín y EnvigadoDerechoMedellínDerechos fundamentalesCreación judicial de derechoJuez penalExcepción de InconstitucionalidadGarantías procesalesTG 2021 DER 43190Fundamental rightsJudicial creation of lawCriminal judgeException of unconstitutionalityProcedural guaranteesLa excepción de inconstitucionalidad en el proceso penal: ¿creación judicial del derecho?Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Alexi, R. (1993). Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid: Imprenta Fareso S.A.Beccaria, C. B. (1764). De los Delitos y las Penas. Bogotá: Editorial SKLA.Bruno, M. T. (2012). Verifobia, un dialogo sobre prueba y verdad. Lima : Palestra Editores.Bulygin, E. (2018). Los jueces ¿crean derecho? Isonomía.Falla, A. (2006). Las Penas en Colombia. Bogotá: Editorial Leyer.Ferrajoli, L. (1997). Derecho y Razón. Madrid: Ed. Trotta.Ferrajoli, L. (2,3 y 4 de febrero de 2010). Puebla, Universidad Autónoma, (2010), Congreso Internacional El Constitucionalismo a dos Siglos de su nacimiento en América Latina. . Obtenido de Youtube: https://youtu.be/OlNflXxulKEGonzalez, A. T. (1873 de mayo de 1887). Codigo Civil [CC]. Ley 57 de 1887. Leyer.González, A. T. (1987). Código Civil [CC]. Ley 57 . Bogotá: Editorial Leyer.Kelsen, H. (1960). Teoria Pura del Derecho. Buenos Aires: Eudeba.Natale, E. A. (2015). La excepción de inconstitucionalidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Aproximaciones para su estudio y comprensión. Revista de Derecho Público Uniandes, 1-28.Plazas, E. R. (2010). Rincón E, (2013). 11, ¿Cómo funciona el control de convencionalidad?: definición, clasificación, perspectiva y alcances. Iter Ad Veritatem, 197-213.Quiroga, E. A. (2015). La excepción de inconstitucionalidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Aproximaciones elementales para su estudio y comprensión. Revista de Derecho Público # 34, 1-28.Sierra, F. G. (31 de julio de 1991). Constitución Politica de Colombia . Colombia: LEYER.Sierra, F. G. (2018). Constitución Política de Colombia. Bogotá D.C : Uniacademia Leyer.Taruffo, M. (2008). ¿Verdad Negociada? Revista de Derecho Vo. XXI No. 1, 129-151.Taruffo, M. (2012). Verifobia. Lima: Palestra Editores.Vallejo, M. A. (31 de agosto de 2004). Codigo Penal [CP], Código de Procedimiento Penal [CPP]. Ley 906 . Colombia: Leyer.Zafaronni, R. (2016). Derecho penal humano y poder en el siglo XI. Colombia: Grupo Editorial Ibañez.Assembly, U. G. (21 de marzo de 1948). “Declaración Universal de los Derechos Humanos” 217(III) a. París, . 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(Corte Constitucional 16 de septiembre de 2009).Sentencia C-646/, Expediente D-11323 (Sala Plena de la Corte Constitucional 23 de noviembre de 2016).Sentencia C-679/, Expediente D-2085 (Corte Constitucional 19 de noviembre de 1998).Sentencia SP1207/, 45900 (Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia 2 de enero de 2017).Sentencia T 019/, Expediente T-2.894.685 (La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional 24 de enero de 2019).Sentencia T 153/, Expedientes acumulados T-137.001 y 143.950 (Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional 28 de abril de 1998).Sentencia T 388/, Expediente T-679500 (Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional 14 de mayo de 2003).Sentencia T 662/, Expediente T-5028999 (Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional 23 de octubre de 2015).Sentencia T-265/, Expediente T-5.924.661 (Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional 28 de abril de 2017).Sentencia T-344/20, Expedientes T-7.127.827 y T-7.404.113 (de arbitraje 21 de agosto de 2020).Sierra, F. 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