La sanción disciplinaria de funcionarios de elección popular: una revisión jurisprudencial
En este artículo realizaremos un análisis respecto de la sentencia de Petro Urrego Vs Colombia proferida por la CIDH, sentencia C-030-2023 de la Corte Constitucional y de la sentencia del Consejo de Estado (recurso extraordinario de revisión radicación 11001031500020230087100). En las cuales analiza...
- Autores:
-
Castaño Patiño, Valentina
Galvis Aldana, Juliana
Garcia Pareja, Daniel Alberto
- Tipo de recurso:
- Tesis
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/57009
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/57009
- Palabra clave:
- Procuraduría General de la Nación (PGN)
Elección Popular
Consejo de Estado (C.E)
Bloque de Constitucionalidad
Destitución
Suspensión e Inhabilidad
Corte Constitucional (C. Const.)
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)
Imparcialidad
Presunción de Inocencia
Sanción Disciplinaria
Medidas Cautelares
Imparcialidad
Juez Natural
Reserva Judicial
Recurso Extraordinario de Revisión
Nulidad y Restablecimiento del derecho
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Summary: | En este artículo realizaremos un análisis respecto de la sentencia de Petro Urrego Vs Colombia proferida por la CIDH, sentencia C-030-2023 de la Corte Constitucional y de la sentencia del Consejo de Estado (recurso extraordinario de revisión radicación 11001031500020230087100). En las cuales analizaremos la posición de cada entidad referente a la sanción disciplinaria de funcionarios de elección popular y de la competencia para imponer estas, si es o no competente la Procuraduría General de la Nación y si le corresponde a este Tribunal Supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo realizar la revisión inmediata de estas sanciones o por el contrario aún no se ha resuelto lo dispuesto por la CIDH en cuanto a la obligación del Estado Colombiano de realizar una adecuación normativa. |
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