Los principios de la jurisdicción rogada y Non Reformatio In Pejus frente al derecho fundamental constitucional de la reparación integral de perjuicios y ante derechos amparados convencional y constitucionalmente

Sin importar el tipo de proceso, ni la jurisdicción de que se trate, los principios procesales de la jurisdicción rogada y non reformatio in pejus, en cualquier instancia, deben ceder ante el derechos ius fundamental constitucional de la reparación integral de perjuicios, toda vez que la materializa...

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Autores:: Caro Pacheco, Elmer David

Tipo de recurso:: Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:: 2021

Institución:: Universidad Cooperativa de Colombia

Repositorio:: Repositorio UCC

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description	Sin importar el tipo de proceso, ni la jurisdicción de que se trate, los principios procesales de la jurisdicción rogada y non reformatio in pejus, en cualquier instancia, deben ceder ante el derechos ius fundamental constitucional de la reparación integral de perjuicios, toda vez que la materialización y tutela efectiva de este se constituye en el verdadero acceso a la administración de justicia, garantía de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, respeto por las garantías e indemnización plena de las personas que han sido víctimas de la conducta antijurídicas de agentes del Estado, por acción u omisión y de particulares que desempeñan funciones públicas. Los jueces unipersonales y colegiados, al momento de fallar los procesos puestos en su conocimiento, el primer ejercicio de carácter oficioso que deben realizar, es el control de convencionalidad y para el caso que nos ocupa, en especial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; esto, sin importar el medio de control y sin ningún tipo de discriminación procesal, lo que deviene en imperioso por mandato de la constitución, de las normas que integran el bloque de constitucionalidad, de las normas convencionales de las que es signatario y han sido ratificadas por el Estado colombiano y de todas aquellos instrumentos de derecho internacional vinculantes para nuestro orden jurídico.
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Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. Decreto1400 de 1970, por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil; y Decreto 2019 de 1970 por el cual se hacen unas modificaciones y correcciones al Código de Procedimiento Civil, expedido mediante el Decreto-ley número 1400 de 1970 Decreto 01 de 1984, por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo. COMISIÓN REDACTORA DEL PROYECTO DE CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. Acta No. 03 (sesión de 2 de julio de 2003). Senado y Cámara del congreso de república gaceta No º 114 del miércoles, 28 de marzo de 2012. Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-197 de 1999, expediente D-2172, M.P. Antonio Barrera Carbonell, del 7 de abril de 1999. Corte Constitucional de Colombia sentencia C-487 del 2000, expediente D-2614, M.P. Antonio Barrera Carbonell, del 4 de mayo de 2000. Corte Constitucional de Colombia sentencia C- 644 de 2011, expediente D-8422, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, del (31) de agosto de 2011. Corte Constitucional de Colombia sentencia C-753 de 2013, expediente D-9608, M.P. Mauricio González Cuervo, del 30 de octubre de 2013. Corte Constitucional de Colombia sentencia T-054 de 2017, Expediente T-4.910.243, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, del 3 de febrero de 2017. Consejo de Estado de Colombia Sección Tercera - Subsección A, M.P.: Hernán Andrade Rincón, radicación: 250002326000200301881 01, del 12 de noviembre de 2014 Consejo de Estado de Colombia Sala plena de lo contencioso administrativo, Sección 83 Tercera, - Subsección B M.P.: Ramiro Pazos Guerrero, radicación No. 13001-33-31-001- 2006-00703-01, del 6 de noviembre de 2018 Corte Constitucional de Colombia sentencia C-286 de 2017, MP. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Expediente D-11669 del 3 de mayo de 2017. Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A M.P: A. Vargas, radicación 25000-23-25-000-1995-38054-01(2270-05), del octubre 27 de 2011. Consejo de Estado de Colombia Sala de lo contencioso administrativo M.P: C. Palomino, radicación: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15), del 26 de octubre de 2017 Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta, M.P: J. Piza, radicación: 76001-23-31-000-2011-01132-01(21295), del marzo 08 de 2019 Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, C.P: R. Pazos, Expediente N.º. 46667 radicación 13001-33-31-001-2006-00703-01, del noviembre 02 de 2018 Consejo de Estado de Colombia, sección segunda, M.P.: Nicolás pájaro peñaranda, Bogotá, D.C., del 17 de julio de 2003 Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-553/12, expediente T-3402652 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, del 16 de julio de 2012 Consejo de Estado de Colombia, Sección Cuarta, Sentencia AC11001031500020150228101, C. P. Stella Jeannette Carvajal, del 19 de enero de 2017. Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-033/02, MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil, del 25 de enero de 2002. Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-180, Mp. Dr. Alberto Rojas Ríos, expediente D-9813, del 27 de marzo de 2014. Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-337, MP.: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio, expediente D-11110, del 29 de junio de 2016. Corte suprema de justicia de Colombia, sentencia T 4100122140002019-00118-01, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, del 15 de octubre de 2019. Consejo de Estado de Colombia, sala plena de lo contencioso administrativo ponente: Alberto Yepes Barreiro, Radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01), del 8 de mayo de 2018. Consejo de Estado de Colombia, sala plena de lo contencioso administrativo ponente: Enrique gil Botero, Radicación 76001-23-25-000-1996-02231-01(19355) -22231, 22289 y 22528- Acumulados, del cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011). Colombia, Sentencia C-143/15, Referencia: Expediente D-10400, MP. Luis Ernesto Vargas Silva, del 6 de abril de 2015. Colombia, sentencia C-115/17, Expediente: D-11589, MP. Alejandro Linares Cantillo, del 22 de febrero de 2017. Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-027 de 2018, MP. José Fernando Reyes Cuartas, expediente RPZ-006, del 18 de abril de 2018 Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-168 de 2009.MP. Humberto Antonio Sierra Porto, expediente T-2021850, del 18 de marzo de 2009 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-333 de 1996, Expediente D-1111, MP. Alejandro Martínez Caballero, del 1 de agosto de 1996. Consejo de Estado de Colombia, sala de lo contencioso administrativo- sección tercerasubsección c- M.P.: Olga Melida Valle De La Hoz- Bogotá, D.C., radicación: 25000-23- 26-000-1997-03369-0119707, del 7 de julio de 2011 Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 85 Subsección C M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Radicación: 05 001 23 31 000 2002 03487 01 32912, del 28 de enero de 2015. Colombia, Sentencia T-083/17. Expediente T-5.711.182. M.P.: Alejandro Linares Cantillo. Bogotá, D.C., del 13 de febrero de 2017. Consejo de Estado de Colombia, Sección Tercera C.P.: Enrique Gil Botero, Expediente: 16.996., del 20 de febrero de 2008. Consejo de Estado de Colombia, sentencia de la sección tercera, Subsección “C”, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Radicación: 73001-23-31-000-2003-01736-01 - 35413, del 3 de diciembre de 2014 Corte Constitucional de Colombia, sentencia No. C-225/95, del 18 de mayo de 1995 L.A.T.-040. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU712/13, expediente T-3005221, MP. Jorge Iván Palacio Palacio, del 17 de octubre de 2013 Corte suprema de justicia de Colombia, sala de casación civil sentencia SC5414-2018, Radicación No. 63001 31 10 004 2013 00491 01, del 11 de diciembre de 2018 Álzate Ríos, Luis C. Temas de derecho procesal administrativo contemporáneo, (2011) Universidad la gran Colombia. Domínguez Ruiz, M.E. (2015). El principio de la justicia rogada en materia administrativa y el estudio de su eliminación. Universidad Católica de Colombia. Débora Guerra, Pabón Giraldo y Ramírez Carvajal, (2020), artículo: La reparación integral como principio prevalente en la responsabilidad del 86 estado – una visión a partir de la jurisprudencia de la corte constitucional y del consejo de Estado colombiano. Barajas Cáceres M (2017), tesis: Los derechos fundamentales como límite al principio de la jurisdicción rogada - análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado 2005-2015. Vargas Ortiz A (2020), tesis doctoral: El derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas de homicidio en el conflicto armado interno colombiano: análisis de los procesos contenciosos administrativos, penales ordinarios y de justicia y paz para identificar una propuesta que garantice un trato igualitario. Universidad Nacional de Colombia Víctor Manuel Buitrago González (2017), artículo: Origen y evolución de la jurisdicción de lo contencioso administrativo Revista Nueva Epoca Clodomiro Zavalia, Héctor Lafaille y Hugo Alzina (1951) artículo en la Revista de Jurisprudencia Argentina. A. A. Andrade Arroyo, J. M. Núñez Amaril (2017), “El constitucionalismo en el Derecho Administrativo. Crisis de la jurisdicción rogada Principio de la Justicia Rogada, (citado por María Eugenia Domínguez Ruiz) titulado (2015), “El principio de la justicia rogada en materia administrativa y el estudio de su eliminación. Yoruanys Suñez Tejera y Mailin Ramos Morales Fundamentos teóricos de la non reformatio in peius en el nuevo juicio con motivo del reenvío, Revista No. 59 abr.-jun. 2017, Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez (Cruz, 2006, 1-30), citado en principio por (Buitrago, 2017, P.182). (Ferrajoli, 2003). citado en principio por (Badillo, León, Villegas, Duque, 2016, P.15) Peñuela, David Alejandro, artículo: Una definición más omnicomprensiva del elemento daño (I) año 2013, recuperado de https://www.asuntoslegales.com.co Davis Echandía, Hernando (1981), Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso, Tomo I. Editorial ABC. De cupis Adriano (1975.), El daño, editorial Bosch. García de Enterría, Eduardo, Thomas Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo. Madrid, Civitas, 1993, Tomo II. Quinche Ramírez, Manuel Fernando. El control de convencionalidad y el sistema colombiano, recuperado de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25586.pdf Joaquín A. Mejía r., José de Jesús Becerra R. y Rogelio Flores (2016), El Control de Convencionalidad en México, Centroamérica y Panamá, Editorial Casa San Ignacio, Guaymuras
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Los jueces unipersonales y colegiados, al momento de fallar los procesos puestos en su conocimiento, el primer ejercicio de carácter oficioso que deben realizar, es el control de convencionalidad y para el caso que nos ocupa, en especial en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; esto, sin importar el medio de control y sin ningún tipo de discriminación procesal, lo que deviene en imperioso por mandato de la constitución, de las normas que integran el bloque de constitucionalidad, de las normas convencionales de las que es signatario y han sido ratificadas por el Estado colombiano y de todas aquellos instrumentos de derecho internacional vinculantes para nuestro orden jurídico.Regardless of the type of process, nor the jurisdiction in question, the procedural principles of the requested jurisdiction and non reformatio in pejus, in any instance, must yield to the fundamental constitutional ius rights of comprehensive compensation for damages, since the materialization and effective protection of this is constituted in the true access to the administration of justice, guarantee of the prevalence of the substantial right over the procedural, respect for the guarantees and full compensation of the people who have been victims of the unlawful conduct of agents of the State, by action or omission and of individuals who perform public functions. The sole proprietorship and collegiate judges, at the time of failing the processes brought to their attention, the first exercise of an informal nature that they must carry out, is the conventionality control and for the case at hand, especially in the jurisdiction of the contentious administrative; This, regardless of the means of control and without any type of procedural discrimination, which becomes imperative by mandate of the constitution, of the norms that make up the constitutionality block, of the conventional norms of which it is a signatory and have been ratified. by the Colombian State and by all those instruments of international law that are binding on our legal order.Resumen. -- Abstract. -- Introducción. -- Estado del arte. -- Planteamiento del problema. -- Objetivos. -- Objetivo general. -- Objetivos específicos. -- Justificación. -- Diseño metodológico. -- Metodología para cada objetivo específico planteado. -- Hipótesis. -- Marco teórico Capítulo 1 La jurisdicción rogada y principio de la no reformatio in pejus dentro del sistema normativo y judicial colombiano. -- Jurisdicción rogada, concepto. -- La jurisdicción rogada desde las consideraciones de la doctrina y la academia. -- La jurisdicción rogada en materia contenciosa administrativa, Consejo de Estado. -- La jurisdicción rogada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. -- El principio de la non reformatio in pejus en el proceso contencioso administrativo. -- Capítulo 2 La tutela judicial efectiva y el principio derecho de la dignidad humana. -- Noción. -- La tutela judicial efectiva en el código general del proceso o ley 1564 de 2012. -- El principio – derecho - valor, de la dignidad humana. -- Capítulo 3 Estado social y democrático de derecho como garante de derechos. -- Estado social y democrático de derecho, concepto. -- Estado Social y Democrático De Derecho en la Jurisprudencia Constitucional, Desarrollo. -- Objeto de la jurisdicción contenciosa administrativa en la ley 1437 de 2011 o CPACA, frente al Estado social y democrático de derecho. -- Capítulo 4 El daño, daño antijurídico, noción, aspectos generales y específicos, principios de la reparación integral del daño. -- El daño, noción. -- Daño antijuridico. -- El daño antijurídico desde la doctrina constitucional. -- El daño antijurídico desde la perspectiva del consejo de Estado colombiano. -- Principio o derecho ius fundamental de la reparación integral de perjuicios (restitutio in integrum el perjuicio). -- Capítulo 5 El control de convencionalidad y los instrumentos de derecho internacional sobre los que se ejerce. -- ¿Qué podemos entender por control de convencionalidad?. -- El control de convencionalidad acorde con la doctrina. -- Control de convencionalidad, visto desde la jurisprudencial del Consejo de Estado colombiano. -- El bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional. -- El control de convencionalidad desde el ámbito jurisprudencial la Corte suprema de justicia. -- Tratados sobre los que se debe realizar el control oficioso de convencionalidad. -- Conclusiones y recomendaciones. -- Referencias.elmer.carop@campusucc.edu.co86Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Derecho, Derecho, MonteríaDerechoMonteríaJusticia rogadaIndemnizaciónNon reformatio in pejusConvenciónConvenioTratadosBloque de constitucionalidadJrisdicciónTutela judicialPrevalenciaVinculantesTG 2021 DER 35869Justice requestedCompensationConventionAgreement, treatiesConstitutionality blockJurisdictionJudicial protectionPrevalenceBindingLos principios de la jurisdicción rogada y Non Reformatio In Pejus frente al derecho fundamental constitucional de la reparación integral de perjuicios y ante derechos amparados convencional y constitucionalmenteTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Constitución política colombiana de 1991Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969Ley 1437 de 2011 de Colombia, por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso AdministrativoLey 1564 de 2012 de Colombia, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.Ley 270 de 1996 - estatutaria de la administración de justicia.Decreto 01 de 1984 o antiguo código contencioso administrativoLey 975 de 2005, Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.Ley 16 de 1972, por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969.Ley 446 de 1998, Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.Decreto1400 de 1970, por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil; y Decreto 2019 de 1970 por el cual se hacen unas modificaciones y correcciones al Código de Procedimiento Civil, expedido mediante el Decreto-ley número 1400 de 1970Decreto 01 de 1984, por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo.COMISIÓN REDACTORA DEL PROYECTO DE CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. Acta No. 03 (sesión de 2 de julio de 2003).Senado y Cámara del congreso de república gaceta No º 114 del miércoles, 28 de marzo de 2012.Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-197 de 1999, expediente D-2172, M.P. Antonio Barrera Carbonell, del 7 de abril de 1999.Corte Constitucional de Colombia sentencia C-487 del 2000, expediente D-2614, M.P. Antonio Barrera Carbonell, del 4 de mayo de 2000.Corte Constitucional de Colombia sentencia C- 644 de 2011, expediente D-8422, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, del (31) de agosto de 2011.Corte Constitucional de Colombia sentencia C-753 de 2013, expediente D-9608, M.P. Mauricio González Cuervo, del 30 de octubre de 2013.Corte Constitucional de Colombia sentencia T-054 de 2017, Expediente T-4.910.243, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, del 3 de febrero de 2017.Consejo de Estado de Colombia Sección Tercera - Subsección A, M.P.: Hernán Andrade Rincón, radicación: 250002326000200301881 01, del 12 de noviembre de 2014Consejo de Estado de Colombia Sala plena de lo contencioso administrativo, Sección 83 Tercera, - Subsección B M.P.: Ramiro Pazos Guerrero, radicación No. 13001-33-31-001- 2006-00703-01, del 6 de noviembre de 2018Corte Constitucional de Colombia sentencia C-286 de 2017, MP. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Expediente D-11669 del 3 de mayo de 2017.Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A M.P: A. Vargas, radicación 25000-23-25-000-1995-38054-01(2270-05), del octubre 27 de 2011.Consejo de Estado de Colombia Sala de lo contencioso administrativo M.P: C. Palomino, radicación: 25000-23-42-000-2014-01139-01(2458-15), del 26 de octubre de 2017Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta, M.P: J. Piza, radicación: 76001-23-31-000-2011-01132-01(21295), del marzo 08 de 2019Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, C.P: R. Pazos, Expediente N.º. 46667 radicación 13001-33-31-001-2006-00703-01, del noviembre 02 de 2018Consejo de Estado de Colombia, sección segunda, M.P.: Nicolás pájaro peñaranda, Bogotá, D.C., del 17 de julio de 2003Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-553/12, expediente T-3402652 M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, del 16 de julio de 2012Consejo de Estado de Colombia, Sección Cuarta, Sentencia AC11001031500020150228101, C. P. Stella Jeannette Carvajal, del 19 de enero de 2017.Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-033/02, MP. Dr. Rodrigo Escobar Gil, del 25 de enero de 2002.Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-180, Mp. Dr. Alberto Rojas Ríos, expediente D-9813, del 27 de marzo de 2014.Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-337, MP.: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio, expediente D-11110, del 29 de junio de 2016.Corte suprema de justicia de Colombia, sentencia T 4100122140002019-00118-01, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, del 15 de octubre de 2019.Consejo de Estado de Colombia, sala plena de lo contencioso administrativo ponente: Alberto Yepes Barreiro, Radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01), del 8 de mayo de 2018.Consejo de Estado de Colombia, sala plena de lo contencioso administrativo ponente: Enrique gil Botero, Radicación 76001-23-25-000-1996-02231-01(19355) -22231, 22289 y 22528- Acumulados, del cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011).Colombia, Sentencia C-143/15, Referencia: Expediente D-10400, MP. Luis Ernesto Vargas Silva, del 6 de abril de 2015.Colombia, sentencia C-115/17, Expediente: D-11589, MP. Alejandro Linares Cantillo, del 22 de febrero de 2017.Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-027 de 2018, MP. José Fernando Reyes Cuartas, expediente RPZ-006, del 18 de abril de 2018Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-168 de 2009.MP. Humberto Antonio Sierra Porto, expediente T-2021850, del 18 de marzo de 2009Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-333 de 1996, Expediente D-1111, MP. Alejandro Martínez Caballero, del 1 de agosto de 1996.Consejo de Estado de Colombia, sala de lo contencioso administrativo- sección tercerasubsección c- M.P.: Olga Melida Valle De La Hoz- Bogotá, D.C., radicación: 25000-23- 26-000-1997-03369-0119707, del 7 de julio de 2011Consejo de Estado de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera 85 Subsección C M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Radicación: 05 001 23 31 000 2002 03487 01 32912, del 28 de enero de 2015.Colombia, Sentencia T-083/17. Expediente T-5.711.182. M.P.: Alejandro Linares Cantillo. Bogotá, D.C., del 13 de febrero de 2017.Consejo de Estado de Colombia, Sección Tercera C.P.: Enrique Gil Botero, Expediente: 16.996., del 20 de febrero de 2008.Consejo de Estado de Colombia, sentencia de la sección tercera, Subsección “C”, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Radicación: 73001-23-31-000-2003-01736-01 - 35413, del 3 de diciembre de 2014Corte Constitucional de Colombia, sentencia No. C-225/95, del 18 de mayo de 1995 L.A.T.-040.Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU712/13, expediente T-3005221, MP. Jorge Iván Palacio Palacio, del 17 de octubre de 2013Corte suprema de justicia de Colombia, sala de casación civil sentencia SC5414-2018, Radicación No. 63001 31 10 004 2013 00491 01, del 11 de diciembre de 2018Álzate Ríos, Luis C. Temas de derecho procesal administrativo contemporáneo, (2011) Universidad la gran Colombia.Domínguez Ruiz, M.E. (2015). El principio de la justicia rogada en materia administrativa y el estudio de su eliminación. Universidad Católica de Colombia.Débora Guerra, Pabón Giraldo y Ramírez Carvajal, (2020), artículo: La reparación integral como principio prevalente en la responsabilidad del 86 estado – una visión a partir de la jurisprudencia de la corte constitucional y del consejo de Estado colombiano.Barajas Cáceres M (2017), tesis: Los derechos fundamentales como límite al principio de la jurisdicción rogada - análisis de la jurisprudencia del Consejo de Estado 2005-2015.Vargas Ortiz A (2020), tesis doctoral: El derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas de homicidio en el conflicto armado interno colombiano: análisis de los procesos contenciosos administrativos, penales ordinarios y de justicia y paz para identificar una propuesta que garantice un trato igualitario. Universidad Nacional de ColombiaVíctor Manuel Buitrago González (2017), artículo: Origen y evolución de la jurisdicción de lo contencioso administrativo Revista Nueva EpocaClodomiro Zavalia, Héctor Lafaille y Hugo Alzina (1951) artículo en la Revista de Jurisprudencia Argentina.A. A. Andrade Arroyo, J. M. Núñez Amaril (2017), “El constitucionalismo en el Derecho Administrativo. Crisis de la jurisdicción rogadaPrincipio de la Justicia Rogada, (citado por María Eugenia Domínguez Ruiz) titulado (2015), “El principio de la justicia rogada en materia administrativa y el estudio de su eliminación.Yoruanys Suñez Tejera y Mailin Ramos Morales Fundamentos teóricos de la non reformatio in peius en el nuevo juicio con motivo del reenvío, Revista No. 59 abr.-jun. 2017, Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez(Cruz, 2006, 1-30), citado en principio por (Buitrago, 2017, P.182).(Ferrajoli, 2003). citado en principio por (Badillo, León, Villegas, Duque, 2016, P.15)Peñuela, David Alejandro, artículo: Una definición más omnicomprensiva del elemento daño (I) año 2013, recuperado de https://www.asuntoslegales.com.coDavis Echandía, Hernando (1981), Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso, Tomo I. 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Mejía r., José de Jesús Becerra R. y Rogelio Flores (2016), El Control de Convencionalidad en México, Centroamérica y Panamá, Editorial Casa San Ignacio, GuaymurasPublicationORIGINAL2021_reparacion _integral.pdf2021_reparacion _integral.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf630961https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/6539bef3-6ca5-40c9-8e1b-8572797808c9/download06301713a1f015d9f651adfac837f10aMD512021_reparacion _integral-LicenciaUso.pdf2021_reparacion _integral-LicenciaUso.pdfLicencia de usoapplication/pdf1490932https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/58b8f550-78c2-4577-8bd0-55f127d80254/download09eb1e5f4ea5cdecb3d2dec1d2ead36fMD522021_reparacion _integral-Acta.pdf2021_reparacion _integral-Acta.pdfActaapplication/pdf407460https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/5341b703-aec3-4efd-9694-72b6273b0956/download86b8b295e1d5dd40667edb139868b535MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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