Afectación de los derechos del adquiriente de buena fe en el proceso de extinción de dominio (2023)
La extinción de dominio es una figura que utiliza el Estado, en su deber de salvaguardar el orden público y en su constante lucha contra la criminalidad, como medio para resarcir los daños ocasionados en una época y prevenir que se vuelvan a presentar situaciones similares de manera masiva. Tambien es una respuesta al deber garantista consagrado en la constitución de 1991. Este trabajo relaciona a la persona afectada como un tercero de buena fe, ajeno a las circunstancias que pudieron dar apertura a la investigación por parte de la Fiscalía, además de acreditarse su calidad de persona vulnerable, por cuanto podrá solicitar representación por parte de la Defensoría del Pueblo, la cual es una entidad perteneciente al Estado, para así continuar el proceso de Extinción de Dominio, en contra del mismo Estado representado por otra entidad, que es la Fiscalía de la Nación.