Inmediatez en tutela contra sentencia judicial
La necesidad de la afirmación de garantías fundamentales es, sino el más grande, uno de los mayores logros alcanzados con la consecución del Estado Social de Derecho a través de la constitución política de 1991, Una vez se decide cambiar el paradigma constitucional imperante para la época y dar paso...
- Autores:
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Pino Gutiérrez, Zacarías
Quejada Bonilla, Jhan Carlos
Ruiz Benítez, Manuel Fernando
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/56418
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/56418
- Palabra clave:
- Tutela
Sentencias
- Rights
- closedAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Summary: | La necesidad de la afirmación de garantías fundamentales es, sino el más grande, uno de los mayores logros alcanzados con la consecución del Estado Social de Derecho a través de la constitución política de 1991, Una vez se decide cambiar el paradigma constitucional imperante para la época y dar paso a la creación del nuevo Estado guiado por una serie de principios y valores acordes con las necesidades y realidad social del país, la estipulación taxativa de aquella serie de garantías fundamentales no satisfacía el deseo de los asociados del Estado; por ello, el constituyente incluyó una serie de mecanismos encaminados a garantizar la efectividad y el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos: la acción de tutela. Esta acción es un mecanismo implementado con la Constitución de 1991, fue incorporada por el constituyente y regulada por el ejecutivo con el fin de proteger de una manera expedita, idónea y eficaz en cualquier momento y lugar, los derechos fundamentales de los individuos por las acciones u omisiones de cualquier autoridad pública, sin cerrar la posibilidad de que esta fuera ejercida en contra de los particulares bajo ciertos criterios específicos. Su regulación está dada por el Decreto 2591 de 1991, el cual originariamente establecía su procedencia para la protección de derechos fundamentales frente a las violaciones de las autoridades, además de garantizar la protección por la vulneración derivada de la expedición actividad judicial materializada en providencias judiciales. Sin embargo, con ocasión del control de constitucionalidad adelantado por el máximo organismo constitucional colombiano, se realizó una valoración del artículo 11 y 40 del precitado decreto que establecía el término de caducidad y procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo como consecuencia la expedición de la sentencia C-543 de 1992 por medio de la cual esta corporación entendió que dichas disposiciones contravenían el ordenamiento jurídico superior y por tanto deberían ser declaradas inexequibles. |
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